¿Por qué es más costosa la luz en el campo? ¿Las cooperativas son caras? ¿O sus condiciones de distribución de energía lo son? Si es así, ¿es un problema de las cooperativas o es exigible al Estado –a través de subsidios- o a todo el sistema de distribución provincial –a través de un fondo compensador- igualdad de tarifas? ¿Qué pueden hacer las Cooperativas frente a esto? Mientras todo esto se discute, la electricidad rural en Córdoba la garantizan más de 200 Cooperativas en el 98% del territorio y con apenas un 30% de los usuarios provinciales. Así, las asimetrías tarifarias entre cooperativas -y entre EPEC y las cooperativas- son la regla de una desigualdad del mercado eléctrico provincial que pagamos los usuarios.
Los muchos conflictos vividos en Córdoba por las asimetrías tarifarias han instalado la discusión sobre cuál es la política para evitar que la factura de luz sea tan cara en las zonas rurales. Entre los usuarios y socios cooperativos, esta discusión ha encontrado en el traspaso del Servicio a EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica) la forma de sanear en el imaginario, la injusticia que implica una luz cara: la carga en las economías familiares; las restricciones al desarrollo de la industria, la artesanía y el comercio regionales…
La gran mayoría de las más de 200 cooperativas de Córdoba ha pasado o pasa reiteradamente por una etapa de disconformidad de sus usuarios. Esto ha tenido su resonancia en los casos de las Cooperativas de Mina Clavero y Almafuerte, donde el descontento surgió de los usuarios industriales y grandes comercios, o en lugares como Anisacate donde los usuarios residenciales protagonizaron en 2011 un reclamo fuerte en este sentido.
Las asimetrías tarifarias son un elemento de preocupación tanto para el sector Cooperativo, como para los órganos de decisión del Gobierno de la provincia de Córdoba aunque, evidentemente, el modo de involucrarse para resolverlo difiere mucho entre los actores. Lo cierto es que la densidad poblacional y las políticas de subsidios garantizan a Epec una tarifa a medida para el bolsillo del consumidor, mientras las más de 200 Cooperativas Eléctricas de Córdoba arman su cuadro sobre la base de sus propios costos, sin subsidios, en territorios con baja población, grandes extensiones de línea y consumos estacionales.
¿Por qué hay asimetrías tarifarias?
Quien aprueba la tarifa de luz que se cobra en San Marcos y en toda Córdoba es el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos). Lo hace a partir de un informe de cada Cooperativa, sobre el esquema de distribución de costos de prestación y expansión del servicio entre sus asociados. Es decir, cada Cooperativa tiene sus costos vinculados al servicio y los consumos particulares y propios, en función de sus condiciones geográficas. Lo que habitualmente se define como “su mercado”.
Durante el Congreso Argentino de Cooperativas de 2012, varios especialistas presentaron el informe “Consideraciones, análisis y debate sobre asimetrías tarifarias del servicio de energía eléctrica en la provincia de Córdoba“. Allí destacaron varios factores relevantes para explicar las asimetrías:
-Al igual que las Cooperativas, EPEC siempre trató de que sus tarifas fueran suficientes para cubrir los costos pero, cuando no se consigue, recurre a la
desinversión y/o al subsidio del Estado Provincial, lo que le evita volcar todos sus costos operativos a la tarifa.
-La desinversión de EPEC muchas veces redunda en mayores costos para las Cooperativas, que deben asumir las obras aumentando sus costos operativos y con ellos, la tarifa.
-EPEC no posee una tarifa especial más cara para usuarios residenciales o temporarios, lo que amplía la brecha.
-Las asimetrías se mantendrán mientras exista el criterio de que cada Cooperativa deba cubrir sus costos sin ayuda o auxilio económico-financiero no reembolsable externo; es decir, en desigualdad de condiciones de competencia.
-La causal más importante de las asimetrías entre EPEC y las Cooperativas radica en el “mercado”, ya que EPEC considera a todas las localidades donde presta el servicio como un “mercado único”.
La situación -en menor o mayor grado- genera un impacto negativo en la imagen pública de las Cooperativas, en la satisfacción de los usuarios y en la visión por parte del Estado, lo que demanda decisiones fundadas en el conocimiento de la realidad y las razones que causan estas asimetrías.
Soluciones: Fondo compensador o subsidios
Evaluar la necesidad de una tarifa única implica considerar que la tarifa eléctrica tiene un interés social. La tarifa unificada sería un cuadro tarifario que garantizara igual pago por la energía al consumidor, independientemente de su lugar de residencia y de las condiciones de producción y distribución de energía. Esto se podría garantizar a través de subsidios provinciales o a través de un Fondo Compensador común de todos los que comercian con la Energía en el país, que se destine a compensar la diferencia de costos operativos desfavorables.
Fondo compensador
Existen antecedentes provinciales y nacionales de Fondos Compensadores de Tarifa para la energía eléctrica. De hecho, la Ley Nacional 24.065 creó uno, estableciendo que “los ser vicios suministrados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas justas y razonables”. El trabajo (FACE, 2013) , asegura que “en la mayor parte de las jurisdicciones no se aplica el FCT; de acuerdo con su objeto (…) no parece ejercerse con un resultado efectivo”.
También hay leyes de este tipo en Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza. En Córdoba, el trabajo presentado en el Congreso Argentino de Cooperativas de 2012 acerca un proyecto de Ley en este sentido: el fondo compensador se crearía a partir del aporte de todos los consumidores de energía eléctrica de la provincia.
Subsidios
La discusión por parte de las cooperativas sobre la salida de las asimetrías tarifarias no está instalada y las posturas se encuentran divididas. En 2011, varias Cooperativas se pronunciaron en contra de los fondos compensadores en el XVI Congreso Nacional de FACE, aduciendo que “no tiene sentido generar un problema provincial con las tarifas, cuando la situación se centra en unas pocas cooperativas, siendo el Estado provincial el que -vía tarifa de EPEC, excención de ingresos brutos o cualquier otro mecanismo- debería subsidiarlas”.
El argumento en este caso es que las asimetrías no son un problema sino una realidad de mercado. Además, argumenta que las cooperativas pequeñas serían las más afectadas por la aplicación de la nueva tarifa única “ya que ellas deberían hacer significativas rebajas en sus tarifas” vulnerándose su independencia, y sin seguridad de que el Fondo alcance a compensar los costos. La posición defiende además el modelo cooperativo Multiservicio: lo que implica la posibilidad de que los costos fijos se reduzcan sumando ingresos a una estructura existente.
RECUADRO 1: ANISACATE: QUE VENGA EPEC… Y DIJERON QUE NO
Durante una asamblea anual en 2011, los socios y propietarios de la Cooperativa de Anisacate decidieron legítimamente y por mayoría que Epec se hiciera cargo de la red eléctrica. Luego de la reunión, los consejeros siguieron un proceso judicial que buscó determinar la viabilidad del traspaso. “ERSEP, el Gobierno de Córdoba y EPEC analizaron el caso a pedido del juez y dictaminaron que no era legal ni viable debido al convenio de concesión por 50 años
firmado por De la Sota”, relata M. Luisa Rafael, vicepresidenta del actual Consejo de Administración y que participó hace tres años del episodio. María ocupó el consejo luego de una intervención de seis meses pedida por Fomento Cooperativo, que condujo el proceso de un nuevo llamado a Asamblea tras más de dos años sin renovar el Consejo ni presentar Memoria y Balance de gestión.
La negativa judicial que dirimió el conflicto entre 2012 y 2013 no cundió en los medios informativos como la votación del traspaso de 2011. Sin embargo, puso a la vista de todos la estructura económica del servicio eléctrico en Córdoba: el rédito es de las empresas grandes, rentables y cercanas, si hay alguna diferencia, la paga el consumidor de las zonas rurales, que en un 98%, son atendidos por cooperativas. Y también mostró otra verdad histórica: allí donde la mano del negocio y el rédito privado no alcanzaron para incentivar la electrificación rural, la economía social veló por el interés común garantizándola.
RECUADRO 2: “NO SE NEGOCIA LA DESAPARICIÓN DE NINGUNA COOPERATIVA”
Fue la decisión de la Confederación Nacional de Cooperativas (Cooperar) por el caso Anisacate, cuando las cooperativas de todo el país se reunieron en estado de alerta. Allí se manifestaron en defensa unánime “de las Cooperativas (…) amenazadas por estas maniobras de destrucción del trabajo de décadas en donde ni las empresas privadas ni el Estado nunca estuvieron interesados en invertir para proveer los servicios básicos”. El Presidente de Fecescor, Luis Castillo, declaró: “arremeten contra las cooperativas en lugar de ponerse al lado (…) para que las asimetrías tarifarias se eliminen y el usuario cooperativo pague lo mismo que Epec”.