Una resolución del Ministerio de Energía nacional fijó nuevos precios en el mercado mayorista para los usuarios de todo el país. En términos generales representarían un aumento de entre 180 y 280 por ciento. Aunque no se conocen los mecanismos de implementación de los aumentos, también se anunció una tarifa social. La resolución dice que el incremento es «a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)», lo que adelanta que habrá nuevos aumentos en breve, en una medida que da comienzo a la reestructuración de subsidios para la energía anunciada desde el 10 de diciembre pasado. La Cooperativa espera precisiones sobre cómo se aplicará en Córdoba y desde cuándo.
Un comunicado de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) ya informó de la medida a sus asociadas, prometiendo más precisiones en los próximos días sobre cómo se implementará el traslado de los aumentos a los usuarios de las cooperativas. Entre las cooperativas existe preocupación por el impacto entre los asociados, pero también por el descalabro financiero que podría implicar un retraso en la actualización de los cuadros tarifarios, ya que los nuevos precios de la energía para las distribuidoras corren a partir de febrero.
La resolución prevé un ajuste de casi 300 por ciento en el valor que las distribuidoras pagarán a las distribuidoras a partir del lunes próximo. Ese aumento impactará de lleno en las facturas de todo el país. La resolución aclara que el incremento es «a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)», lo que implica que habrá nuevos aumentos en el corto y mediano plazo. Dispone también el fin de la transferencia de recursos para financiar planes de obra de Edenor y Edesur. La Resolución elimina también el PUREE, el programa implementado en 2004 que fomentaba el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.
Tarifa social
El Ministerio de Energía también dispuso la elaboración de un sistema de tarifa social. Supuestamente, serán beneficiarios “los titulares de programas sociales, los jubilados o pensionados que cobren menos de dos veces el haber mínimo y los empleados en relación de dependencia con sueldos inferiores o equivalentes a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil”, según informaron medios nacionales. También alcanzaría a «personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos; «quienes estén inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; quienes estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; quienes perciban el seguro de desempleo; y aquellos con certificados de discapacidad». La resolución establece la exclusión del beneficio a quienes sean titulares de más de un inmueble, según los datos del respectivo Registro de la Propiedad. También quedarían fuera los usuarios con automotores cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad o posean aeronaves o embarcaciones de lujo.